El ministro Kulfas ratificó que Nación pretende que los precios de la hrina, fideos y otros derivados vuelvan a precios de febrero

En otro capítulo de la denominada “guerra contra la inflación”, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que el Gobierno pretende que los precios del pan y otros productos derivados del trigo vuelvan a los valores de febrero para los consumidores finales.

En una conferencia de prensa desarrollada en la sede de su cartera, Kulfas indicó que para esto se utilizará un fideicomiso “para estabilizar el precio del trigo”; además, comentó las conclusiones de la reunión con las empresas alimenticias y comentó “los objetivos centrales del Gobierno para que el crecimeinto se transforme en mejora para todos los argentinos”.

El funcionario justificó el fideicomiso porque “estamos viviendo un escenario de una guerra entre dos productores de trigo y aceite de girasol”, como son Ucrania y Rusia. “En la última semana de febrero pasó de 300 a 400 la tonelada de trigo y en el mercado interno pasó a 35.000 pesos por tonelada”, precisó Kulfas, acompañado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. “Si no hay ninguna medida de compensación, significa que habría pan, harina y fideos más caros”, indicó el ministro.

Por este motivo “se definió formar un fondo, incorporar recursos para subsidiar el precio interno y, de esta manera, las industrias que manejan harina de trigo tengan los recursos y puedan ofrecer los productos a los precios del mes de febrero” a los consumidores.

Además, recordó que “se incrementaron las retenciones para el aceite y la harina de soja para sumar esos recursos a este fideicomiso, para compensar a los molinos harineros que pagarán más caro el trigo y pueden tener esa compensación. Y que, a la vez, el pan y otros productos vuelven a los precios de febrero”.

Previamente, Kulfas, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunieron con empresarios de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

“En la reunión hubo tensiones y discusiones fuertes porque no se querían hacer cargo y quedamos en darnos 24 horas para analizar de quién es la responsabilidad: de los productores o los intermediarios”.

“Esperemos no tener que volver a aplicar la ley de abastecimiento pero si lo tenemos que hacer, lo volveremos a hacer”, aclaró el ministro, quien indicó que “la inflación es un fenómeno macroeconómico esto es para alinear precios. Y en este sentido, el acuerdo con el FMI significará fortalecer las reservas del Banco Central y eso ayudará para la inflación e ir disipando incertidumbres”, afirmó.

Esperemos no tener que volver a aplicar la ley de abastecimiento pero si lo tenemos que hacer, lo volveremos a hacer, indicó Kulfas
Por otro lado, no descartó la posibilidad de que se cree una “empresa nacional de alimentos”, pero sin brindar precisiones sobre esta cuestión. Además, anticipó que el miércoles Feletti brindará nuevos anuncios sobre “los comercios de cercanía”, que podrían incluir precios máximos o de referencia.

La tensión con los privados

La autoridades acusaron al sector de especuladores y amenazaron con usar las leyes de abastecimiento y defensa la competencia, entre otras herramientas a las que ya se recurrió sin éxito.

En los supermercados se ven cada vez más huecos y carteles de “sólo se puede llevar dos productos”. No es nuevo este tipo de racionamiento, pero cada vez es más visible. “Lo de los faltantes es generalizado y es un tema de la industria no de la cadena de distribución… y lo de los carteles, como pasa en todos los comercios, es para que nadie se quede sin producto”, agregó la fuente supermercadista.

Los faltantes de productos son un clásico por estos días, sobre todo de aceite, leche y productos vinculados con la harina, como fideos. Lo mismo la tensión entre fabricantes, distribuidores y bocas de expendio, sobre todo los supermercados. Todos señalan al otro en medio de la suba de precios.

El viernes pasado, el discurso de Alberto Fernández en el que prometía comenzar la “guerra contra la inflación” no tuvo medidas concretas para impulsar la baja de los precios. En un discurso grabado, el Presidente resaltó que el Congreso aprobara el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri e hizo alusión al impacto que va a tener en los insumos y commodities la invasión de Rusia a Ucrania.

A raíz de esto, hizo hincapié en las consecuencias que podría tener el aumento del trigo: “Haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos consumen. Y no se trata de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica”.

Por eso, anticipó que se constituirá un “fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas” y dijo que los ministros del área económica van a tomar las medidas necesarias.

“He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”, expresó el mandatario.

La decisión se tomó luego de que la inflación de febrero arrojara una suba del 4,7%, tras el 3,9% de enero, y ante la perspectiva de que el aumento de precios supere el 5% en marzo, según el Gobierno, por la suba internacional del precio de las materias primas a raíz de la invasión rusa. En realidad, la tasa interanual de inflación supera el 50% desde 2021, mucho antes del inicio del conflicto bélico en Europa, luego del 36% registrado en 2020. Para este año, dado el aumento de la devaluación del peso y de las tarifas de los servicios públicos, se prevé que ronde entre el 55 y el 60 por ciento, aunque el Gobierno haya estimado una suba del 43% en promedio en el acuerdo técnico con el staff del FMI.

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