Un productor propietario que no paga alquiler, que es el mejor de los escenarios- y que distribuye a mitades iguales de soja y maíz su producción, le deja al Estado el 62% de su renta en la zona pampeana y 77% de su utilidad bruta en la extrapampeana. «En ambos casos, ‘lo que se lleva’ el Estado vía recaudación de impuestos es mayor que ‘lo que queda’ finalmente al productor».
La cuenta de Franco Artusso para el Ieral/Fundación Mediterránea ratifica que en tiempos del «liberal-libertarismo», la carga tributaria sigue siendo mayor que la renta de quien invierte en su propio trabajo.
El productor es además quien asume los riesgos y debe reponer nutrientes al suelo. Algo que los extractivistas del litio, el cobre o los hidrocarburos -con beneficios fiscales del RIGI- no aportan. Las provincias con recursos mineros cobran regalías y no padecen las detracciones a los distritos cuyos actores privados trabajan la tierra.
Origen de las retenciones
Eduardo Duhalde impuso las retenciones tras la devaluación del 2002 (cuando la soja tocaba el cielo); en 2008 la propuesta de Martín Lousteau -el hoy presidente de la UCR era el entonces ministro de Cristina- agrietó al país y los productores quedaron como «los oligarcas» en el relato K. El país debate desde entonces quién debe llevarse la renta del campo.
Durante 2023, la «Tasa de asistencia efectiva por actividad económica», es decir la suma de la intervención estatal para proteger el mercado y descontar impuestos, le dio a los fabricantes electrónicos de Tierra del Fuego 191,5% de valor agregado; a los fabricantes de vehículos 96%; a los de cuero y calzado 60; a los de confecciones 50,8% y a los textiles 40,8%. En el otro extremo, la TEA para agricultura, ganadería y caza fue negativa en 13,8% y la de alimentos y bebidas de -51,7%, fundamentalmente por la incidencia de harinas y aceites en la punta de la actividad agroindustrial.
El detalle del reporte es de la Oficina de Presupuesto del Congreso y revela de manera significativa el sistema de premios y castigos según la actividad. Pero también según la región; se entiende en esta radiografía por qué Maximiliano Pullaro se negó a conceder el incremento en las retenciones que contemplaba la versión original de la ley Bases de Milei. Lo que Nación se lleva, se le resta a la rentabilidad que los productores dejan en reposición de nutrientes, maquinarias, chatas, profesionales y comercios de la zona.
«Márgenes entre algodones»
El informe de Artusso para el Ieral/Fundación Mediterránea plantea que «los márgenes proyectados para 2025 suponen rendimientos medios ‘normales’ en ambas zonas, tanto para soja como para maíz.
Asume el autor que en zonas extrapampeanas la variable de ajuste por efecto ‘chicharrita’ será el área de siembra y no tanto el rinde medio (productores que prevean mermas de rindes similares a las de 2024 directamente no sembrarán el cultivo).
«Permaneciendo todo lo demás constante, dado los precios esperados para la soja y el maíz en Chicago en 2025 (US$389 y US$197 por tonelada, respectivamente), los márgenes -después de impuestos- están dando US$318 por ¿hectárea en zona núcleo y US$145 por hectárea en el centro-norte, «un 65-70% por debajo del último año en que se registraron rendimientos ‘normales’ en ambas zonas (2022)».
Lejos de la diplomacia que las entidades ruralistas conceden al presidente Milei y su pedido de paciencia (hubo mejoras a sectores lácteo y ganaderos), los productores autoconvocados están «activos» en redes sociales, haciendo reclamos al presidente por la presión fiscal al sector.
El campo aportará al país en la próxima campaña entre US$32,6 mil millones y US$35,7 mil millones según la sequía y la evolución de precios en Chicago. Solo en retenciones, el Estado se quedará con 33% de la soja y 12% de los embarques de maíz. Y con todos los dólares a cambio de pesos, mientras el cepo y la brecha persistan.
Con información de El Litoral
