La medida, que inicialmente tendrá una duración de 180 días, busca abordar incumplimientos legales y promover una mayor eficiencia en el sector, en línea con las políticas de desregulación y modernización emprendidas por el gobierno.

Quién estará a cargo del organismo

La intervención, que será liderada por el licenciado Juan Martin Ozores como Interventor, junto a los interventores adjuntos, la doctora Patricia Zulema Roldan y el doctor Alejandro Fabio Pereyra, tiene una serie de objetivos claves. Entre ellos se encuentra la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual del ENACOM, evaluando el cumplimiento de sus competencias y analizando las implicancias en el mercado de las TIC tras el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20.

Además, se busca revisar las medidas cautelares judiciales vigentes y las sentencias judiciales relacionadas con actos administrativos de competencia del Enacom. Esto responde a conflictos judiciales generados a partir de decisiones tomadas por el organismo desde diciembre de 2020, las cuales, según críticos, podrían haber incumplido las disposiciones legales vigentes.

La intervención también abordará la estructura organizativa del Enacom con el objetivo de propiciar su reorganización funcional y operativa, promoviendo la profesionalización y eficiencia del ente. Se propone simplificar procesos administrativos y reducir trámites excesivos para mejorar la agilidad y eficacia del organismo.

Otro aspecto relevante de la intervención es la revisión de los programas y proyectos asociados al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La evaluación incluirá el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables, así como la definición de acciones para poner al día las tramitaciones pendientes relacionadas con asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros.

En el marco de la intervención, se considera crucial un análisis exhaustivo de las regulaciones vigentes, con el objetivo de determinar si estas han quedado obsoletas o si están obstaculizando el avance tecnológico. En caso necesario, se propondrán acciones para actualizar y modernizar dichas regulaciones, manteniendo el equilibrio entre el interés público y el avance tecnológico.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, que declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, también se toma en cuenta en la intervención. Se espera que las medidas implementadas contribuyan al fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional.

Fuente El Litoral