Restan aún conversaciones y reuniones en el seno del propio poder ejecutivo provincial para definirlo, el gobierno prepara para la próxima semana una nueva convocatoria a paritarias con los gremios del sector público y docentes.
Será la reanudación del diálogo con los sindicatos tal como se había convenido en la negociación que cerró el acuerdo salarial del primer semestre, aunque en un escenario bruscamente modificado por las novedades cambiarias de los últimos días.
De hecho, la incertidumbre respecto de cómo impactará en la economía la salida del cepo y su consecuente devaluación prefigura un nuevo marco para la discusión sobre aumentos salariales a otorgar. Y es un cuadro signado por la imposibilidad de establecer a ciencia cierta qué sucederá en el país con una economía más volátil y una inflación que en abril volvió a escalar y llegó al 3,5%.
¿Tiempos?
A partir de esa situación es que ni siquiera está claro el alcance en términos temporales que debería tener el acuerdo a arribar. El último, como se dijo, había sido trimestral; y sería «poco deseable» volver al esquema que experimentó la provincia a principios del año pasado, cuando los acuerdos paritarios se ceñían al término de un mes. Pero también es casi imposible imaginar una negociación a más largo plazo – semestral, por ejemplo- dada la volatilidad planteada.
Por ello, se evalúan distintas alternativas; repetir un esquema trimestral, o hasta cerrar un acuerdo transitorio que permita corregir en lo inmediato el desfasaje producido por la inflación, para retomar posteriormente la discusión por un tramo más extenso.
Frente a ese panorama, las fuentes oficiales consultadas por este diario coincidieron en señalar que la prioridad, en primera instancia, será escuchar las pretensiones e inquietudes con las que lleguen los sindicatos a la negociación.
Desfaseje
Como se sabe, el gobierno otorgó un aumento para docentes y sector público del 5% para el primer trimestre del año, con un piso garantizado de 50 mil pesos para enero, y de 70 mil para febrero. Esos «umbrales» redundaron en la práctico en un aumento de entre el 9 y 11% para los salarios más bajos, y del 7% para el promedio de los trabajadores.
La última medición del IPEC confirmó esta semana una inflación en marzo del 3,5% y una acumulada, en lo que va del año, del 9,5%. El propio gobernador volvió a garantizar el pasado lunes que la gestión reconocerá tal desajuste entre aumento de precios y subas salariales. Pero aclaró que en función de la situación planteada sobre los pisos garantizados, «hay trabajadores que siguen estando con sus aumentos por encima de la inflación». Del mismo modo, sostuvo que si bien se corregirá la diferencia para quienes hayan quedado por debajo del 9,5, el Estado debe garantizar no sólo el poder adquisitivo de los estatales, sino atender otras demandas que se generan, y sostener la obra pública.
Fuente El Litoral
