El gobernador Omar Perotti decidió ayer hacer ingresar la ley de Necesidad Pública por la Cámara de Senadores, donde el peronismo tiene mayoría. Así, el gobierno provincial se garantizaría que el proyecto salga sin demasiados inconvenientes, pero los problemas para su sanción definitiva asoman en Diputados, ámbito dominado por el Frente Progresista, cuyos integrantes ya avisaron que no están de acuerdo con varios de los puntos del proyecto. Entre ellos, y el que tiene más reparos, es la autorización para tomar deuda por casi 600 millones de dólares.
«Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción definitiva el proyecto de ley por el cual se declara el Estado de Necesidad Pública en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financieras y de Seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 30 de junio de 2021», reza el mensaje de Perotti al Senado, enviado ayer a la mañana.
En rigor, el proyecto, salvo algunas modificaciones, es muy similar al que Perotti impulsó apenas asumió en diciembre pasado y que naufragó en la Legislatura. Decidieron sacar la palabra «emergencia», pero en los hechos este paquete normativo sigue esa línea: solicitar al Poder Legislativo herramientas excepcionales para actuar en medio de la crisis.
En las argumentaciones del proyecto quedó explicitado: «La provincia de Santa Fe no escapa a la situación que vive la República Argentina por la cual el Poder Ejecutivo Nacional, en uno de sus primeros actos de gobierno, propuso una serie de medidas destinadas a paliar el estado de emergencia en que se encuentra el país; hallando una respuesta positiva por parte del Congreso que concluyó con la sanción de la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva». Y agrega: «Cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa un máximo peligro para la comunidad toda, el Estado democrático tiene la potestad y aun el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, o sea un conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político de la Constitución requiere».
El socialismo, comandado desde la Presidencia de Diputados por el ex gobernador Miguel Lifschitz, sigue observando que este proyecto persigue el fin de otorgar facultades excepcionales a Perotti. Y juzga que el gobernador «sobreactúa» la crisis económica para tener discrecionalidad en sus acciones de gobierno.
Si bien el clima no es de total beligerancia como en diciembre, hacer pasar este proyecto por Diputados exigirá mayor muñeca política por parte de los dos funcionarios que designó Perotti para lograr consensos con la oposición: Esteban Borgonovo y Rubén Michlig.
Los ministros de Gobierno y el de Gestión Pública encabezaron esta semana una serie de reuniones con los partidos de la oposición que tienen representación parlamentaria.
Los primeros en citarse fueron los radicales, que conforman el interbloque del Frente Progresista, y el que participó el propio Perotti. Al día siguiente fueron los socialistas, pero el gobernador prefirió mantenerse al margen.
Ayer, apenas se conoció el ingreso del proyecto por el Senado, el diputado Maximiliano Pullaro (UCR), mostró su disconformidad con esa decisión. «El proyecto de Necesidad Pública finalmente ingreso unificado y por el Senado. Desde la UCR oportunamente pedimos que ingrese desdoblado y por la Cámara de Diputados. El diálogo es positivo, pero es mejor cuando los interlocutores te escuchan», reprochó el ex ministro de Seguridad.
El bloque Socialista también pretendía que el proyecto ingrese por Diputados y también desdoblado. Clara García (PS) dijo ayer que entendía la estrategia de Perotti de ir primero por el Senado, pero chicaneó al peronismo por el orden del temario en que se mandó el proyecto. «La seguridad que parecía ser lo más urgente, quedó a lo último. Parece que solamente es el endeudamiento (lo importante), ese parece ser el núcleo», enfatizó.
Pablo Farías, titular del interbloque del Frente Progresista, cuando salió de la reunión con los funcionarios de Perotti ya había anticipado el rechazo al pedido de endeudamiento, sobre todo si ese dinero se destina gastos corrientes y no de capital (obras públicas).
Pero el gobierno de Perotti insiste en que es necesario pedir ese dinero para hacer frente a los programas sociales, atender la emergencia en seguridad y también en auxiliar financieramente a los municipios y comunas.
Por caso, ayer Perotti, luego de cumplir con el trámite parlamentario, justificó el envío del proyecto al Senado argumentando que su aprobación dotará de más recursos para el área social. «Con las leyes que están entrando hoy en la Legislatura estamos planteando que la tarjeta de ciudadanía pueda tener recursos; hoy es de $300 frente a una inflación del 50 por ciento en el último año», dijo, y siguió: «Con la aprobación de las leyes, la prioridad clara es alimentos, salud, y allí es donde estarán los mayores recursos para tratar de que la tarjeta de ciudadanía sea un complemento real y concreto».
La Capital