La Justicia de Santa Fe autorizó la licitación pública de las seis plantas industriales y el valioso paquete de marcas de la histórica cooperativa láctea. Buscan una venta integral para garantizar la continuidad laboral de sus más de 900 empleados.

La histórica cooperativa láctea SanCor, que solicitó su propia quiebra a mediados de abril tras años de crisis profunda, ya cuenta con un precio de base oficial para la venta de sus activos: USD 52,1 millones. La disposición, dictada por la Justicia santafesina, abre un proceso de licitación pública en el que ya se han anotado al menos seis firmas interesadas en adquirir la estructura de la emblemática empresa.

Este llamado a licitación llega semanas después de que el juez Marcelo Gelcich declarara formalmente la quiebra. La resolución se dio tras el rotundo fracaso del concurso preventivo que la compañía había iniciado en febrero del año pasado, arrastrando un pasivo superior a los USD 120 millones. En sus fundamentos, el magistrado describió la situación como una «quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo», argumentando de manera contundente en la sentencia que «la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión».

El valor de las plantas y el peso de las marcas

El pliego del juzgado divide los activos de SanCor en siete lotes bien definidos. Los primeros seis corresponden a las plantas de producción distribuidas entre Santa Fe y Córdoba, tasadas en conjunto en USD 27,4 millones. El séptimo lote, considerado uno de los mayores atractivos comerciales, encierra el capital intangible de la firma: la marca madre «SanCor» y sus submarcas asociadas, valuadas en USD 24,7 millones. Dentro de este paquete, la marca principal representa USD 18,7 millones, mientras que etiquetas masivas como Mendicrim, Tolem y Quesabores suman los USD 6 millones restantes.

El desglose de los valores de infraestructura posiciona a los establecimientos de la siguiente manera:

• Planta Devoto (Córdoba): USD 7 millones (producción de leche en polvo, manteca y crema).

• Planta Gálvez (Santa Fe): USD 5,5 millones (fraccionamiento y empaque).

• Planta La Carlota (Córdoba): USD 5 millones.

• Planta Balnearia (Córdoba): USD 5 millones.

• Planta San Guillermo (Santa Fe): USD 2,5 millones (especializada en quesos).

• Planta Sunchales (Santa Fe): USD 2,4 millones. Cabe destacar que este último establecimiento sufrió una reducción del 20% en su tasación original debido a los daños provocados por un incendio durante la primera semana de junio de 2026.

Quiénes están en carrera

Para ingresar formalmente a la contienda, las empresas interesadas deberán adquirir un pliego de bases y condiciones tasado en USD 10.000 y depositar una garantía del 10% sobre el monto total de su oferta. Las propuestas comerciales pueden apuntar a plantas individuales o a combinaciones, aunque desde el entorno judicial aseguran que la prioridad absoluta es una salida unificada: «La propuesta es que el que compra, compra todo». Además, la Justicia aclaró que la balanza no se inclinará únicamente por el factor económico, sino que se evaluará minuciosamente el plan de continuidad laboral y operativa que presente cada oferente.

Hasta el momento, los nombres que resuenan con fuerza en el sector y que fueron expuestos por el gremio Atilra incluyen a gigantes del rubro lácteo como Savencia (propietaria de Milkaut), Adecoagro (Las Tres Niñas), Punta del Agua, Elcor (La Tonadita) y La Tarantela. Asimismo, en la lista figura el empresario de medios Gustavo Scaglione, quien evalúa presentar un plan integral que contaría con el respaldo financiero de socios extranjeros.

Una radiografía del rojo financiero y la continuidad operativa

El expediente judicial expone con crudeza la inviabilidad financiera en la que cayó la cooperativa. Entre los pasivos postconcursales acumulados se detalla una deuda impositiva y previsional de $6.349.470.914 de capital. A esa cifra se le añaden $12.788.850.187 en concepto de salarios netos adeudados a los trabajadores entre mayo de 2025 y enero de 2026, más un rojo de $3.380.071.061 correspondientes a aportes destinados a obras sociales, ART y sindicatos.

A pesar de los abrumadores números en contra, el juzgado interviniente autorizó de forma expresa que la láctea mantenga sus máquinas encendidas. El objetivo detrás de la continuidad operativa es proteger el sustento de los 914 trabajadores en relación de dependencia y mitigar el impacto en la cadena comercial, entendiendo que el cese total de las tareas «causaría un perjuicio» irreparable para los empleados, los proveedores y los propios acreedores laborales.