La Provincia de Santa Fe fue protagonista en Expoagro 2026 con una demanda récord de financiamiento. Más de 4.500 productores y pymes gestionaron créditos por encima de los $197.000 millones gracias a un esquema con fuerte bonificación de tasas.
“En un contexto de tasas altas y de gran complejidad para la industria, nuestra estrategia es clara: queremos que tanto el productor agropecuario como la agroindustria encuentren herramientas para generar un círculo virtuoso de inversión y crecimiento. Santa Fe está haciendo todos los esfuerzos para que el sector esté apalancado y pueda seguir invirtiendo”, señaló el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Bascolo está preocupado por el endeudamiento familiar y la caída del empleo
En el mercado laboral, uno de los indicadores que sigue monitoreando el gobierno provincial es el nivel de suspensiones; en este sentido, el Ministro de Trabajo Roal “coco” Báscolo explicó que el pico se registró a mediados de 2024, aunque desde entonces el número se redujo y se estabilizó: “hoy está estabilizado en alrededor de 3.000 suspensiones”, precisó. Sin embargo, aclaró que varias empresas atraviesan situaciones de estrés financiero, con atrasos en pagos y dificultades para afrontar salarios.
Para Bascolo, el gran desafío económico de los próximos meses será reactivar el mercado interno y mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para pymes y consumidores.
En ese punto cuestionó el nivel de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero: “Hoy tasas de créditos personales o descuento de cheques están en el orden del 80, 90 o 100 por ciento anual, con una inflación proyectada del 25 por ciento. Son tasas muy difíciles de pagar”, señaló.
Báscolo también hizo notar su preocupación por el aumento de la morosidad tanto en las familias como en las empresas, un indicador que refleja las dificultades de la economía cotidiana que muestra comportamientos catatónicos podríamos decir: mientras por un lado, relató el Ministro: “los indicadores de la macroeconomía muestran cierta estabilidad, la realidad de la actividad productiva y del consumo todavía no logra recuperarse; o sea, el problema de Argentina es la micro”.
El analista económico Salvador Distéfano razonó que “en Argentina los usos y costumbres en los gobiernos kirchneristas era endeudarse, porque la inflación – y devaluación- terminaban licuando las cuotas; y ahora con el gobierno de Milei con la baja de la inflación y un dólar estable, es tan difícil pagar la cuota uno como la cuota doce”.
Distéfano no deja de reconocer que los salarios están atrasados con respecto de la inflación: mientras la inflación general febrero contra febrero (2026 versus 2025) fue del 33.1%, los salarios en el mismo período tuvieron un variación del 29.3% en el sector formal privado y del 24.7% en el sector público (nacional).
Al razonamiento de Salvador le agregaríamos nosotros que el costo de los servicios públicos siguió “acomodándose” (¿hasta cuándo?) en todo este tiempo, como tampoco dejó de aumentar el precio de los combustibles (cuyo impuesto de las Provincias sigue sin ser coparticipado por Nación) que se traslada al servicio de pasajeros y fletes, todo lo cual se transforma en ácido muriático para las billeteras de los ciudadanos.
Salarios: la hora de la verdad
El gobierno liquidó los sueldos de febrero a la docencia (y el resto de los agentes estatales) con el aumento ofrecido en paritaria, que fuera rotundamente rechazado por el sindicalismo docente, que exhibió un 70% de acatamiento al paro del día de inicios de clases, mientras desde el Estado fundamentaban que el 85% de los maestros habían ido a las escuelas.
En definitiva, una maestra de grado sin antigüedad cobró $1.305.000, y si no faltó (en febrero es probable que nadie haya faltado) percibió además $105.000 de Incentivo a la Asistencia Perfecta, lo cual lleva a un total de $1.410.000. Una maestra de grado con 25 años de antigüedad percibió $1.695.000 de sueldo y $105.000 de Incentivo a la Asistencia Perfecta (si no faltó) totalizando $1.800.000; mientras que a una directora con 25 años antigüedad (es la antigüedad promedio) se le liquidó $2.296.000 que sumado al Incentivo Asistencia Perfecta ($210.000) redondea en $2.506.000.
Desde el Ministerio de Educación subrayan que las liquidaciones complementarias acreditadas significaron entre $450.000 y $800.000 según el cargo.
En medio del conflicto con el gobierno, una docente (para acreditar su magro sueldo en enero) exhibió su recibo de sueldo en redes, del cual nos llamó la atención el descuento para la obra social IAPOS: 35 mil pesos. Una prepaga promedio no baja de los 300 mil pesos.
Cortesanos en rebeldía
Nunca fue tan esperada la presencia de un gobernado al acto de inicio del año judicial como la de Maximiliano Pullaro el pasado jueves. No era un formalismo anual más: el inicio del año judicial 2026 se constituiría en el ojo de una tormenta política que si Pullaro no desea, no tocará tierra.
Es que dos Ministros históricos de la Corte Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco (ambos promedian medio siglo allí) se negaron a escribir y entregarle al Gobernador sus renuncias (como lo hizo hace un par de meses Eduardo Spuller a quien le fue aceptada por decreto) amparados en el artículo 124 de la nueva Constitución provincial que dice, con una claridad inapelable, que «cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad«. Gutiérrez y Falistocco superaron hace varios años dicho límite, y si bien hicieron públicas sus renuncias de manera mediática (se irán el 1 de noviembre venidero) no la redactaron; ni lo van a hacer. Casi una bravuconada de arrabal por los enfrentamientos que tuvieron con el Gobernador Pullaro desde que éste asumió.
Rafael Gutiérrez, el más político de todos los jueces de la Corte, desafió a Pullaro: “quédense tranquilos, le dijo a los periodistas, yo me voy a ir como yo dije, cuando yo quiera”. “Son jueces de facto”, se escuchó en los mentideros oficiales.
El gobierno tampoco puede fingir ingenuidad en este entuerto: mandó a votar en la legislatura tres pliegos para cubrir una sola vacante en la Corte, la de Eduardo Spuller (que será reemplazado el 1 de setiembre por Diego Maciel).
Podríamos decir que fue un acto de celosa previsibilidad ante las promesas de Gutiérrez y Falistocco; o una artera presión, que por lo visto los dos Magistrados Supremos están dispuesto a ignorar.
Pero lo más delicado está por venir: Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco (junto a Rubén Weder y Eduardo Spuller) tienen que resolver el futuro de una causa que los involucra de manera directa: los efectos de la reforma a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Una normativa que impuso, entre otras cosas, un aporte solidario, progresivo y temporal para paliar el déficit a todos aquellos que reciben salarios y jubilaciones superiores a »3 jubilaciones mínimas».
Pero además, impone un techo a los montos que pueden percibir: nadie, al menos en la caja pública santafesina, podrá recibir de sueldo montos que superen las 20 jubilaciones mínimas: el año pasado eran 8 millones. Ahora, actualizadas, no superan los 10 millones.
El periodista Osvaldo Cherep lo explica muy bien: “¿Cual es el problema?. Que hasta antes de la reforma de la caja, sus jubilaciones (la de estos jueces) representaban el 82% de sus salarios; salarios, que además, no pagan impuestos a las ganancias. Es decir, si un juez se jubilaba con 17 millones de pesos hoy, por imperio de la nueva ley, no podrá recibir más de 10 millones. Si se «cuestiona judicialmente» el efecto del tope, sus señorías pasarían a ganar 10 millones”.
Sigue explicando el colega Cherep: “la mayoría de los «amparistas» ofendidos por el límite, son ex jueces y ex legisladores, entre estos últimos se destacan el (¿ex?) socialista Eduardo Di Pollina y la ex diputada ultra reutemanista, Alejandra Vucasovich. Todos cuestionan la «constitucionalidad» del tope. Un asunto sencillo de entender: quienes se jubilaron (o presentaron sus renuncias) antes de la puesta en vigencia de la nueva ley, mantuvieron el privilegio de la jubilación sin tope.
Los que eligieron hacerlo después, cómo Gutierrez, Faistocco, Spuler y el ahora ex jubilado, nombrado juez de la Corte, Weder, tendrán que soportar el enorme peso de cobrar, «sólo» 10 millones.
Y ellos, en lugar de apartarse de la causa en la que debe resolverse el asunto, se quedan. Y cuando se los recusa, rechazan la recusación sin dar un sólo argumento”.
En definitiva, el colega Osvaldo Cherep opina que “Falistocco, Gutierrez, Spuler deberían ser obligados a renunciar de manera inmediata a sus cargos. Incluso Weder, flamante juez, debería ser sometido a juicio político por su negativa a apartarse de una causa en la que se resuelve- en tanto jubilado en pausa- sus propios intereses económicos”.
La perla del finde
El mileísmo suele tener serios problemas con la semántica (independientemente de los exabruptos del Presidente): “por ahora no va a haber novedades para los jubilados, no podemos darnos ese lujo», se excusó el ministro Luis “Toto” Caputo (¿acaso es un “lujo” aumentar los haberes de los jubilados?). A la vez que Manuel Adorni explicaba que llevó a su esposa en el avión presidencial a Nueva York porque iba a “deslomarse” trabajando y necesitaba de su conyugal compañía.
Fin
