Un grupo de más de cien docentes destitularizados se reunió de manera virtual con Miguel Lifschitz, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, y otros legisladores socialistas, para reclamar medidas urgentes tanto para garantizar el derecho a la educación como para que se revea la medida que les quitó la titularidad en sus puestos de trabajo.

“Estamos frente a una intención política inocultable de retrotraer la situación de la educación pública en Santa Fe a la que teníamos 20 años atrás”, indicó Lifschitz. “Es muy grave que se utilicen herramientas antijurídicas que no tienen ningún sustento legal y mucho menos político, como es haber quitado derechos adquiridos a 500 trabajadores y trabajadoras de la educación, que habían logrado titularizar sus cargos través de concursos transparentes y con la participación de los gremios”, agregó.

Para el presidente de la legislatura, se trata de desmantelar un modelo educativo que se construyó de manera colectiva con equipos directivos, docentes y expertos de Santa Fe y del resto del país, y que está en sintonía con los cambios dados en el paradigma de la educación. “Quizás nosotros fuimos más innovadores y avanzamos en muchas estrategias y políticas con éxitos notables como el “Vuelvo a estudiar”, o programas de convivencia, pero la educación pública en Argentina evolucionó. Sería un grave error que volviéramos a tener un modelo educativo al estilo de los 90”.

La reunión fue convocada la semana pasada y retoma los encuentros entre distintos legisladores con docentes de la provincia que sufrieron la anulación de sus concursos públicos y la baja de sus designaciones. Además de Lifschitz participaron Claudia Balagué, presidenta de la Comisión de Educación, Erica Hynes, Clara García y Esteban Lenci.

Desmantelar programas exitosos cuando más se necesitan
Por su parte, los docentes lamentaron la falta de respuesta del gobierno y el vaciamiento de los espacios que ocupaban en detrimento de la educación y más aún en una situación de pandemia. “Sabemos que nadie está supliendo nuestras funciones y es muy grave porque se habla de una deserción escolar de 40,000 alumnos y alumnas y estimamos que pueden ser muchos más”, indicaron.

En el mismo sentido se pronunció Balagué y otros diputados, al destacar que la medida tomada por el gobierno no solo afecta a los docentes y sus familias, sino que vulnera el derecho a estudiar a cientos de estudiantes en un momento donde hay que poner todos los esfuerzos frenar la deserción escolar.

“La medida eliminó programas de alta calidad, que funcionaban y daban buenos resultados y que fueron premiados internacionalmente. Y lo hace en un contexto de crisis, cuando más se necesitan para garantizar el derecho a la educación. Es incomprensible que se persiga a trabajadores y se vulnere la continuidad del estado, y deja un preocupante precedente para trabajadores y trabajadoras docentes y de todo el estado”, indicó Hynes.

Lifschitz adelantó su compromiso en continuar con el tema en la agenda política hasta resolver el reclamo. “Es decisión de todos de seguir dando esta batalla. No podemos darnos por vencidos, cada uno de ustedes porque es su proyecto de vida y un derecho que habían adquirido, y porque más allá de la situación de cada uno, tenemos que defender un proyecto educativo que no puede retroceder”, indicó.