La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

La negociación política y el giro del Gobierno

Ante la falta de apoyo, el Gobierno optó por eliminar el artículo del dictamen final. La decisión se enmarcó en una negociación más amplia que incluyó conversaciones con gobernadores, senadores y bloques aliados, con el objetivo de asegurar el tratamiento de la reforma en el Senado.

La versión definitiva del proyecto, presentada horas antes de la sesión, ya no incluye la rebaja de Ganancias para grandes empresas. De ese modo, el oficialismo buscó despejar uno de los principales focos de conflicto y garantizar el acompañamiento de las provincias.

La decisión de quitar la reducción de Ganancias tuvo efectos inmediatos y diferenciados. Las provincias resultaron las principales beneficiadas, ya que mantienen sin cambios una fuente clave de recaudación coparticipable. Para los gobernadores, el resultado permitió despejar el riesgo de un ajuste adicional en un contexto de restricciones fiscales y menor margen financiero.

Desde el sector empresario, en cambio, la reacción fue de decepción. La baja de la alícuota era un reclamo histórico de grandes compañías y cámaras empresariales, que sostenían que el nivel del impuesto en la Argentina es elevado en comparación con otros países. Para ese sector, la eliminación del artículo implica perder una oportunidad de alivio fiscal en el corto plazo.