Desde la Secretaría Ejecutiva de Gobierno y la Secretaría de Hacienda se presentaron este viernes los criterios y lineamientos para reestablecer la actividad de la obra pública en el país.
Mediante el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) se definió el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) para el período 2025 – 2027.
El rol del SNIP desde 1994 es el de “establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública”.
Desde 2022 pertenece directamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la cual recientemente arribó Guillermo Francos y por lo que se explicaría la aceleración de este proceso formal. Fue publicado en la Resolución Conjunta 31/2024 del Boletín Oficial de este 31 de mayo de 2024 con firmas de José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno ad honorem y Director Titular de YPF S.A., y Carlos Guberman, el rosarino secretario de Hacienda.
Otro elemento de relevancia es que va de la mano con la Ley de Presupuesto, que ya se encuentra en confección junto al Presupuesto Plurianual 2025-2027 y que será la próxima gran novela del Congreso de la Nación Argentina.
Los criterios de prioridad
Desde Nación no se ha brindado una lista concreta y detallada de las obras que se reactivarán, pero sí se brindó una lista de criterios, algunos más abstractos que otros.
El primero de ellos es el más concreto y el que en la provincia de Santa Fe ya posee su claro ejemplo. La resolución muestra en su primer punto, denotando mayor prioridad, los “proyectos ya iniciados”, es decir, que se encuentren en la etapa de ejecución.
La reanudación de la obra de la cárcel de Coronda, el pasado lunes 13 de mayo demuestra que ya existía una línea de trabajo desde Nación. Insistiendo en el hecho de que no se entregaron mayores detalles respecto a la tareas puntuales.
Luego se extiende una nómina de siete puntos abstractos sobre los criterios de selección de los proyectos a iniciar:
- Que tengan un impacto positivo en la generación de empleo.
- Que promuevan la actividad exportadora.
- Que contribuyan a mejorar la balanza energética.
- Que incidan en potenciar el desarrollo tecnológico.
- Que cuenten con Informe de Calificación Técnica vigente emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Que cuenten con estudios de prefactibilidad o factibilidad informados a la mencionada Dirección Nacional.
- Que cuenten con financiamiento externo proveniente de operaciones de crédito en ejecución y eventualmente en preparación, avaladas por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.
Obras paralizadas
A pesar de que la gestión de Javier Milei mutó su posición respecto la obra pública, con el incidente del gas como posible gota que rebalsó el vaso, y modificó la confección de su equipo con 30 nombres modificados en seis meses, las provincias sostienen sus dudas a futuro.
Ya es sabido que una lista de gobernadores han planteado la posibilidad de que les sean cedidos los contratos nacionales o modificaciones en las administraciones de rutas y autovías: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).
Algunos podrían respaldarse y apoderarse de las facultades descritas en el Título III artículo 64 a 73 de la versión de la Ley Bases que obtuvo el dictamen este jueves en el Senado de la Nación, donde se indica que el Ejecutivo «podrá disponer la reconducción de los contratos de obras y servicio públicos que estén paralizados, a efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado».
El interrogante se reposa en parte del discurso público del presidente que sostiene la impugnación de la “intervención del Estado” y el antecedente de los datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas para el primer trimestre de gestión, en el cual se reflejó una caída del 87,6% de proyectos en ejecución con fondos nacionales, un total de 2117.
Con informacion de El Litoral
