Desde la Cámara de la Construcción de Santa Fe señalaron que la obra pública provincial se encuentra paralizada. Pagos atrasados y desfasajes entre costos y precios provocan que muchos trabajos, que desde hace meses se encontraban ralentizados, ahora directamente estén frenados.
A nivel provincial, desde la Cámara destacan la voluntad de diálogo que tiene la flamante gestión de Pullaro. Se mostraron optimistas en ir encontrando respuestas a los inconvenientes para que los frentes de obras retomen ritmos de trabajo.
En esa línea, la presidenta de la Cámara de la Construcción delegación Santa Fe, Verónica Eizmendi, planteó tres puntos: «Mayor celeridad en los ajustes de costos, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra, porque sino las empresas tienen que absorber un mes de costos que con una inflación del 30% y es imposible; y el pago a 30 días. Son los tres puntos que ya hemos consensuado con la nueva gestión».
Destacó que el escenario «es consecuencia de la situación que ya traíamos de la gestión anterior, sumado a la ralentización y paralización de obra que también comenzó el año pasado».
Explicó que «no se pudieron regularizar los pagos. Luego de que se fue el gobierno anterior quedaban pendiente certificados de obra desde julio y agosto. La nueva gestión que solo tiene un mes y con la cual ya veníamos hablando sobre la situación está intentando regularizar las certificaciones, que en algunos casos es muy poco, porque al ralentizarse las obras, los certificados fueron disminuyendo».
«Ayer (por el lunes), tuvimos la segunda reunión en el Ministerio de Obras Públicas de Nación, con el área de seguimientos, en busca de soluciones a estos temas, principalmente cómo solucionar las deudas, cómo llegar a un nuevo valor de la obra para que se pueda ejecutar y cómo reiniciarlas y continuarlas. En muchas obras al día de hoy están comenzando a abonar el mes de octubre, pero los contratos se han deteriorado y necesitan una renegociación, porque no se puede continuar tal cual están y es lo que ha provocado la paralización de obras provinciales, ya sea las que se realizan con fondos provinciales como las que se hacen con fondos nacionales, que son las que peor se encuentran», agregó sobre el panorama del sector.
En cuanto a temas abordados y acordados en las reuniones, la titular de la Cámara remarcó: «Estamos pidiendo mayor celeridad en los ajustes, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra, porque sino las empresas tienen que absorber un mes de costos que con una inflación del 30% es imposible y el pago a 30 días. Son los tres puntos que ya hemos consensuado con la nueva gestión. Tan solo queda ver cómo se reanudan los contratos y cuáles obras van a poder reanudarse».
Para que esto último pueda cumplirse, Eizmendi determinó: «Se deberán tener en cuenta dos factores: llegar a un consenso entre las empresas y el gobierno en una instancia de trabajo conjunto que seguramente se realizará pidiendo la neutralidad de las obras, esto quiere decir que se paren por un tiempo determinado para luego retomarse cuando todo esté solucionado, para evitar otra vez las moras o multas».
Al ser consultada sobre el panorama de la obra pública provincial fue tajante en afirmar: «La mayoría esta frenada excepto aquellas que son una prioridad, como por ejemplo las hídricas como la construcción o renovación de las defensas. Lo que hemos pedido en las últimas reuniones por nuestra parte es tener 45 días para que las empresas puedan estudiar sus obras y así llevarle a los responsables de cada una de las reparticiones los pedidos necesarios para poder encaminarlas y llegar a un acuerdo entre las partes».
Despidos masivos
La semana pasada la cámara se reunió con representantes del Ministerio de Trabajo para hablar sobre la utilización de las conciliaciones obligatorias frente a los despidos masivos que se producen en las obras. «Al día de hoy además se sumaron a la charla que comenzamos, representantes de Uocra, para poder plantear que no se sigan dictando porque estamos en una situación a la que nos ha llevado el mismo Estado y este último es el que nos obliga a través del Ministerio de Trabajo asumiendo el costo de mano de obra con las obras paralizadas. Por más de que se tome como una herramienta intermedia para llegar a una solución, hay temas que no tienen al día de hoy una resolución inmediata», cerró.
Con información de Diario Uno