El gobierno nacional expuso este jueves 29 de febrero que a partir de abril solo se subsidiarán situaciones de “extrema vulnerabilidad en los hogares” para sus consumos de energía eléctrica y gas. Esa es la definición que usó el 8 de enero pasado el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez Chirillo, en una audiencia pública sobre el precio del gas natural por redes, en la que adelantó lineamientos políticos generales de su cartera para eliminar subsidios que, en parte, generaron durante décadas déficit fiscal.
Esta mañana, al cabo de casi dos meses de ese anuncio, el gobierno nacional despliega en otra audiencia pública los instrumentos y los criterios para el nuevo esquema que, en pocas palabras, tiene a amplias capas de los sectores medios como objetivos principales de los recortes.
Las autoridades nacionales han establecido una Canasta Básica de Energías que cambia según una tabla de consumos considerados básicos para las distintas zonas del país, y de acuerdo con el número de personas convivientes declaradas y no declaradas por quienes solicitaron o van a solicitar el subsidio.
Los criterios para el recorte consideran tanto los ingresos declarados como “los no declarados” que se apoyan en “presunciones”, esa fue la expresión usada por los expositores oficiales, sobre la condición económica de una familia que puede por ejemplo contar con un plan de medicina prepaga o cuenta con un auto de menos de cinco años de antigüedad o posee más de una propiedad, entre otros datos, que el Estado cruzará para la quita de subsidios. Los datos no declarados (como el de la medicina prepaga) serán usados para observar esos casos.
Cambio de 180 grados
En la segmentación tarifaria que dispuso la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández dividió, para luz y gas, en N1, N2 y N3 a los usuarios.
El nuevo esquema revisará que solo se cubran situaciones de vulnerabilidad entre los usuarios residenciales de ingresos medios (N3) y revisará que en efecto cuenten con bajos ingresos los inscriptos como N2.
La subsecretaria de planeamiento energético Mariela Beljanski, responsable del nuevo esquema, abrió la ronda de exposiciones gubernamentales con expresiones muy claras. Sostuvo que los subsidios del gobierno anterior tenían “límites infinitos”, lo que invitó al despilfarro de recursos energéticos finitos y que “alguien sí pagaba” con déficit fiscal, es decir, deuda o emisión monetaria, expuso.
Los informes expuestos por la secretaría de energía hablan de que el país debe procurar de ahora en adelante la “subsistencia” de quienes necesitan la ayuda estatal para cubrir sus necesidades básicas energéticas, de acuerdo con el clima de cada región del país. El término llama la atención por su transparencia y contrasta con expresiones del tipo “mejorar la calidad de vida” que eran tan usuales hasta aquí.
Tras destacar lo insostenible de la distorsión entre precios reales y tarifas, en un “festival” de subsidios sostenido por el Estado, dijo que “la política de autoabastecimiento (anterior) no fue capaz de garantizar la inversión (en generación) sino mediante precios altos a los productores y en algunos casos con carácter excesivo”, advirtió la funcionaria.
“Se rompieron las bases más elementales de la economía” al subsidiarse “a la demanda de manera universal” sin diferenciar a quienes puede o no pagar.
“La experiencia internacional de América Latina y el Caribe muestra que en los países de la región el consumo de energías es el segundo gasto en importancia”, mientras que en la Argentina hoy “es uno de los más bajos”, con un consumo de esos servicios per cápita más altos.
Sostuvo que tras un proceso “desmesurado” en tantas décadas es entendible que cueste comprender el cambio que calificó de necesario para transparentar el verdadero costo de producir, transportar y distribuir energía eléctrica y gas natural.
Estimó que 2023 los usuarios de electricidad pagaron solo el 45% del costo real de la tarifa y el 55% fue cubierto por el Estado con subvenciones a partir de un aumento del déficit, el endeudamiento y la emisión monetaria. En los últimos años, significó un gasto de 104.000 millones de dólares.
¿Cuáles son los criterios para excluir hogares de la ayuda estatal?
De acuerdo con la información oficial disponible, “para minimizar los errores de ingresos no declarados”, el Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de ingresos determinado por la secretaría:
- a. Titularidad de una aeronave.
- b. Titularidad de embarcación de lujo o con fines recreativos.
- c. Titularidad total de dos o más inmuebles.
- d. Titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
- e. Titularidad de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.
- f. Titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia (total o por derivación).
- g. Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.
- h. Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).
- i. Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
- j. Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
- k. Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
- l. Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que equivale a $50,700 desde marzo. El valor del Salario Mínimo Vital y Móvil para marzo será de 202.000 pesos.
