Luego de un mes de debate oral y público, el tribunal compuesto por Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto dictó penas muy altas para Ariel Máximo ‘Guille’ Cantero y otras 6 personas, por una serie de balaceras registradas en un lapso aproximado de 90 días, en el año 2018. El máximo responsable de la banda Los Monos fue condenado a 22 años de cárcel, y como se le sumó una condena previa, recibió una pena única y total de 28 años de prisión de cumplimiento efectivo. El abogado defensor de Cantero adelantó que apelará la decisión judicial, algo que también están evaluando los demás defensores.

Con un gran despliegue policial en la puerta y los alrededores del Centro de Justicia Penal, ubicado en el barrio Hospitales, al sur de la ciudad de Rosario, poco después de las 13 comenzó la lectura del fallo condenatorio para Cantero y también para Matías César, Lucía Uberti, Leandro Olivera, Daniel Chávez, Daniel Delgado y Leonel Fernández, quienes siguieron la lectura desde sus lugares de detención, Cantero desde el penal federal de Marcos Paz, los demás varones desde la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, y Lucía Estefanía Uberti desde la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.

Por casi 30 minutos, la presidenta del tribunal, Hebe Marcogliese, describió cada uno de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio los 7 imputados y tras, entre otras cosas, señalar que «los hechos de este juicio no tienen precedentes en este país»; que aspiran a que “éste sea un punto de inflexión, un hito en el que se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas” y que espera que “esto no se reduzca a la Justicia Penal” ya que “la única manera de reducir la violencia es a través de la inclusión”, dio lectura al fallo para cada uno de los siete imputados.

Las penas impuestas fueron:

Ariel Máximo ‘Guille’ Cantero: 22 años de prisión de cumplimiento efectivo, que se suma a una sentencia firme de 6 años y 8 meses, por lo cual la pena quedó unificada en 28 años de prisión efectiva, como instigador de balaceras (por amenazas coactivas y daños calificados) contra el Poder Judicial (7 hechos).

Matías Nicolás César fue condenado por amenazas coactivas y daño calificado (9 hechos) a 20 años de prisión efectiva.

Lucía Estefanía Uberti fue condenada a 20 años de prisión efectiva.

Daniel Alejandro Delgado fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión, pero se le unificaron condenas anteriores, por lo cual recibió una pena total de 33 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Leandro Daniel «Chulo» Olivera fue condenado, por tres hechos, a 11 años de prisión efectiva.

Damián Oscar Chávez fue condenado a 7 años de prisión efectiva.

Y Leonel Alejandro Fernández fue condenado a 8 años de prisión efectiva.

 

Tras la lectura del fallo, la jueza Marcogliese indicó que todos los imputados volverán a su régimen de detención previo al inicio del juicio, lo que entre otras cosas significa que Cantero volverá a estar en una celda común.

Por su parte, Fausto Yrure, abogado defensor de Cantero, adelantó que apelará el fallo, algo que casi con seguridad será imitado por los abogados de los demás imputados, mientras que los fiscales se mostraron conformes con el resultado obtenido ya que si bien las penas no llegaron a las pretendidas, “se ajustan al margen de aproximación”.

 

Los ataques

Las balaceras que empezaron a ser juzgadas el viernes 20 de agosto y finalizaron con la lectura del fallo este jueves 30 de septiembre, comenzaron a fines de mayo y finalizaron en agosto de 2018, con el propósito de intimidar y amedrentar a funcionarios judiciales y a sus familias.

El listado de hechos violentos comenzó el 29 de mayo de ese año, con el ataque contra dos viviendas vinculadas al juez Ismael Manfrín, que integró el tribunal que condenó al grupo Los Monos, en Italia al 2100 y Montevideo al 1000.

Siguió el 30 de junio, contra el frente de una vivienda en Braille al 1400 que perteneció a Ariel Lotito, ex integrante de la División Judiciales y participó de la investigación contra la banda de Los Monos.

El siguiente ataque fue el 26 de julio, esta vez contra viviendas ubicadas en Zeballos al 2500 y Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que también integró el tribunal en el juicio oral y público contra Los Monos.

Luego fue el turno de un edificio ubicado en Libertad al 300, que fue atacado el 4 de agosto. En ese inmueble, ubicado a metros del Monumento a la Bandera, había pertenecido a la familia de la jueza Usandizaga. Esa misma noche se registró una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) ubicado en Sarmiento y Rueda.

Al día siguiente, el ataque fue en Tarragona al 700 bis, vivienda que se presume fue apuntada por error, ya que la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández (quien formó parte del tribunal que revisó la sentencia) vive en Tarragona al 700.

El 10 de agosto balearon una vivienda de la familia Usandizaga, ubicada en Buenos Aires al 1700 y el 13 de agosto las balas impactaron en el frente de un edificio ubicado en San Luis al 1400, que pertenece a la familia de la jueza de Cámara Gabriela Sansó, que también formó parte del tribunal que revisó la sentencia.

El 14 de agosto hubo un ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) ubicada sobre calle Montevideo al 1900, a menos de 100 metros del Palacio de Tribunales.

Y el último hecho registrado ese año ocurrió el 28 de agosto, cuando desconocidos arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

 

Con información de El Litoral