En principio pudo haber sonado a mera formalidad. Sin embargo, luego de la reunión que se realizó este miércoles en Reconquista sucedió un hecho inédito: cada uno de los participantes valoró el encuentro y se mostró optimista frente a la posibilidad de que, al menos, se entreabra una alternativa válida para avanzar de manera consensuada.

No parece poco. Sobre todo, luego del fallido -y mal medido- anuncio de estatización por parte del presidente Alberto Fernández que desembocó de manera inesperada en manifestaciones pro y ante Vicentin. Una movida política en falso, que terminó oxigenando a una oposición aturdida en medio de la pandemia.

Cuando la tensión iba en aumento, apareció la Provincia de Santa Fe con una propuesta de intervención mixta. Sin embargo, aquel proyecto poco a poco también parece abandonar el centro de la escena de debate.

Una alternativa que parece convencer a todos

Lo que sucedió ayer en Reconquista implica, en palabras sencillas, que la alternativa de intervención comienza a diluirse, para ser reemplada por una salida consensuada que implique el acuerdo de la familia propietaria, que brinde participación al Estado nacional y provincial y que, a su vez, incorpore en los procesos de decisión a los acreedores.

El gobierno santafesino llevó a la audiencia la propuesta de conformar un fideicomiso que incluya a los accionistas y también resguarde los intereses de los que esperan cobrar las deudas de Vicentin. Luego del encuentro, funcionarios provinciales se mostraron satisfechos y lo mismo sucedió con los dueños de la empresa: “Con este fideicomiso debería tranquilizarse un poco la situación y deberíamos poder trabajar en el marco del concurso como debe ser”, dijo el accionista Máximo Padoán, que concurrió a la audiencia junto a Daniel Buyatti, presidente del directorio de Vicentin, y Guido Ferullo, abogado de la firma.

Lo que sucedió ayer en Reconquista implica, en palabras sencillas, que la alternativa de intervención comienza a ser dejada de lado, para ser reemplada por una salida consensuada que implique el acuerdo de la familia propietaria.

La creación de un fideicomiso permitiría, básicamente, ir por tres objetivos: recuperar la confianza perdida hacia la empresa -un factor clave en estos momentos-, inyectar dinero y apartar a la familia propietaria del poder de decisión. Todo esto, sin que sea necesario estatizar, ni intervenir.

¿Qué significa la creación de un fideicomiso entre el Estado y actores privados?

Básicamente, la familia propietaria debería entregar sus acciones para que sean administradas por estos actores. Transferir acciones al fideicomiso para que, los acreedores interesados (bancos, cooperativas, corredores de cereales), la Nación y la Provincia; las tomen con el cargo de administrar y salvar la empresa. En lugar de cobrar dinero para cubrir las deudas, se quedarán con acciones de Vicentin y tendrán el poder de tomar decisiones.

De esta manera, se produciría un cambio en el poder corporativo. Así, se espera que poco a poco se vaya recuperando la confianza en Vicentin, una empresa vapuleada en estos momentos no sólo por la crisis económica que sufre, sino por la pérdida casi total de credibilidad. ¿Quién vendería sus materias primas a una empresa con una deuda de 1.350 millones de dólares (alrededor de 100.000 millones de pesos)?

¿Quién vendería sus materias primas a una empresa con una deuda de 1.350 millones de dólares (alrededor de 100.000 millones de pesos)?

Quienes integren el fideicomiso tendrán el poder de decisión, deberán inyectar fondos y trabajar por recuperar la confianza de la empresa. Pero en términos generales terminaría siendo una salida entre privados, ya que el Estado tendrá la misión de que los acreedores confíen y decidan involucrarse en un esquema que les permita recuperar lo que se les adeuda.

Un paso al costado

Si el esquema del fideicomiso funciona, los acreedores privados y públicos se quedarían con parte de Vicentin (uno de los principales acreedores es el Banco de la Nación Argentina, que presentó acreencias por unos $ 18.000 millones otorgados a la cerealera para prefinanciar exportaciones) y los actuales dueños con una participación minoritaria de la empresa. No es una intervención. Mucho menos una estatización. Pero sí un paso al costado menos traumático, frente a una situación que día a día se torna irreversible. Los actuales propietarios no sólo no están en condiciones de responder ante semejante pasivo, sino que además deberán dar explicaciones frente a distintas denuncias presentadas en la Justicia para que se evalúe la manera en que manejaron la firma durante los últimos tiempos.

Entre los principales acreedores privados aparece la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y medio centenar de cooperativas, a las que Vicentin les debe alrededor de 100 millones de dólares.

Entre los principales acreedores privados aparece la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y medio centenar de cooperativas, a las que Vicentin les debe alrededor de 100 millones de dólares.

Los acreedores deberán decidir entre buscar la anternativa de hacer negocios -involucrándose en el fideicomiso-, o tomar el camino del litigio. Vicentin es la mayor empresa de molienda de granos de capitales nacionales en términos de capacidad instalada y una de las mayores productoras de biodiesel del país, a partir de la asociación con Glencore en la plnata de Renova.

La compañía es una sociedad anónima constituida en 1957, con oficinas centrales en la localidad santafesina de Avellaneda y plantas de cereales y oleaginosas en San Lorenzo y en Ricardone, también en Santa Fe.

Además tiene una división de producción de biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, la subsidiaria Vicentin Family Wines en Mendoza, realiza acopio y exportación de miel (Promiel), producción ganadera y posee sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Con fuente de Aire de Santa Fe