El Tribunal de Rosario, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana, dispuso la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa Vicentín: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Sobre ellos pesa la acusación de estafa y asociación ilícita.
De acuerdo a lo relevado por la fiscalía, los directivos imputados habrían desviado casi $6.000 millones de la empresa para gastos personales y se habrían autoasignado retiros voluntarios por cerca de $2.000 millones entre 2019 y 2024. Este accionar habría afectado el patrimonio de Vicentín, que se encuentra concursada y debe pagos a acreedores externos y a sus trabajadores.
La fiscalía sostiene que la situación de crisis de la empresa excede el contexto económico, sino que se debe a maniobras fraudulentas del directorio, que incluso habría falseado documentación para obtener créditos que no podía cubrir. La causa involucra a 19 exejecutivos de Vicentín.
Al momento de leer el dictamen, el juez Foppiani señaló que «la pluralidad de hechos atribuídos, la gravedad presunta de los delitos así como la extensión patrimonial muy significativa estimada en cientos de millones de pesos, puedo decir de dólares, así como la sofisticación y la organización de las maniobras delictivas, a través de la utilización de complejas maniobras que involucraron a personas jurídicas. Estas permiten prever que la escala penal se puede ampliar y teniendo en cuenta la escala penal y el concurso de delitos, no puede descartarse que se les imponga a estas personas una pena de prisión de cumplimiento efectivo en caso de llegar a ser condenados».
Además se sostiene que los imputados habrían desviado fondos de Vicentin para pagar honorarios profesionales para su defensa y seguros de caución fijados como fianza, por el monto de $40 millones, con el objetivo de no ir a la cárcel. Todo eso a pesar de que la empresa atraviesa un concurso preventivo de crisis, entre otras razones, por una deuda en torno a los 1.600 millones de dólares.
La Justicia también investiga el accionar del exdirector de la AFIP Carlos Vaudagna, quien admitió haber intervenido durante el ejercicio de su cargo para evitar sanciones fiscales a la agroexportadora en los años previos al default, lo que habría resultado en un favores a los exdirectivos.
Mientras que a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti se les fijó prisión preventiva, a Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti y Fernando Estanislao Bougain se les impuso una caución de medio millón de dólares. Por otro lado, a Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia se les fijó una una caución de 400 mil dólares, la prohibición de salir del país sin autorización y la firma mensual en sede judicial de Reconquista o Rosario.
