En medio de la polémica que se desató en las últimas horas con los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró que “no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones. Esto es una definición política”. Fue durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, y ante el pedido de la oposición de que se elimine el artículo 96 de la Ley de Presupuesto de 2023 que contempla devolverle al Poder Ejecutivo las facultades de manejar los derechos de exportación.

Tras el pedido de los diputados de Juntos por el Cambio de eliminar el polémico artículo, se consultó al funcionario si se iba a realizar una suba de las retenciones en trigo, maíz y carne. Al respecto, Bahillo señaló: “Se deberá definir en el tratamiento parlamentario que tenga el Presupuesto por parte de los diferentes bloques. Sería involucrarme en la competencia que no tengo. Cuál es la mejor manera de plasmar eso, acá hay legisladores muy experimentados y yo no les voy a decir como tratarlo. Pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retenciones al sector primario”.

El alerta en el mundo agropecuario surgió de parte de la Fundación Barbechando, una entidad que sigue las cuestiones agropecuarios en el ámbito del Congreso. En un comunicado, la organización advirtió que en el artículo 96 del Presupuesto se señala lo siguiente: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, por el siguiente: ‘El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023′″.

La normativa que se menciona en dicho artículo es la Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Congreso aprobó días después de la asunción de Alberto Fernández en 2019, que le otorgaba al Gobierno la potestad de fijar retenciones hasta el 31 de diciembre del año pasado. A la vez, estipulaba un tope de 33% en los derechos de exportación de la soja, y del 15% para el trigo y maíz, las cuales hoy tributan un 12% de retenciones.

Además, hay que recordar que como el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 fue rechazado en el Congreso el año pasado se generó un reclamo de entidades del campo ante la justicia para que se declaren “inconstitucionales e ilegales” a las retenciones. Tal es el caso de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María, que elevaron el reclamo en los tribunales federales de la provincia de Córdoba. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento de los jueces al respecto. También se suma un fallo de la Justicia Federal de Junín, en la provincia de Buenos Aires, a favor del reclamo de los productores.

Mesa de Enlace

Es por eso que la dirigencia de la Mesa de Enlace salió a cuestionar a través de un comunicado la medida que promueve el Poder Ejecutivo. “Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.

Por otro lado, los dirigentes reclamaron que es el ámbito del Congreso donde se deben definir las cuestiones vinculadas a las retenciones. Al respecto, agregaron: “Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país”.