Mientras en la Casa Rosada se suceden reuniones y negociaciones para que Santa Fe se haga cargo de reparar, mantener e incluso construir infraestructura que hoy es de jurisdicción nacional, en los accesos a los puertos del sur provincial, en la Cámara de Senadores logró el jueves 8 de agosto una pronta preferencia un proyecto de ley que promueve las inversiones privadas en obras públicas.
En la misma jornada, por la mañana el gobernador Maximiliano Pullaro habló del tema y por la tarde, el bloque de senadores radicales dio el primer paso para tratar una iniciativa de Leticia Di Gregorio que busca dar un marco de facilidades a potenciales inversores privados y más facultades al Ministerio de Obras Públicas.
El jefe político de la provincia mostró su optimismo por la posibilidad de que se concrete el traspaso a Santa Fe de los últimos tramos de rutas nacionales, cercanos a las estaciones fluviales, donde se concentra el tránsito de cargas en pésimas condiciones viales e infraestructura.
«Exportaciones que van al mundo y llegan a los puertos con rutas del tercer mundo», resumió recientemente el titular de esa cartera, Lisandro Enrico, que en 2023 compartió la boleta con Di Gregorio para la senaduría por el departamento General López: él fue electo senador con más del 80% y ella como su suplente; cuando se creó el gabinete de Pullaro, Enrico tomó una licencia como legislador y asumió el cargo mencionado, y Di Gregorio lo reemplazó.
Acaso esos antecedentes sean parte de la decisión que tomó el bloque opositor del justicialismo que tiene apenas 5 de los 19 asientos con voz y voto en el recinto. El texto que propone Di Gregorio había ingresado poco tiempo antes del inicio de la sesión, el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe lo presentó en la reunión de jefes de bloques y se le dio luego -con la comodidad que da tener amplia mayoría- la preferencia para la próxima sesión.
Ruben Pirola (PJ-Las Colonias) explicó como presidente de esa bancada que se votó contra la preferencia porque no habían podido aún estudiar seriamente el contenido de la iniciativa, que cuenta con 17 artículos divididos en 4 títulos. No tomó posición sobre el fondo del asunto y anticipó que llegado el caso se harán, como es costumbre, los aportes que se consideren necesarios para el proyecto.
Detalles
El primer artículo define el nuevo régimen legal de Iniciativa Privada, su creación y objeto: «promover y regular la iniciativa privada en la formulación de proyectos de infraestructura, obras y/o servicios realizados por personas físicas o jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras, que contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia de Santa Fe».
El siguiente, establece el ámbito de aplicación para los proyectos «de iniciativa privada que se elaboren en el marco de los sistemas de contratación regulados por la normativa provincial vigente». Y como autoridad de aplicación «al Ministerio de Obras Públicas, o el organismo que en el futuro lo reemplace, quien será responsable de la recepción, evaluación, seguimiento, control y fiscalización de los proyectos de iniciativa privada».
En los considerandos, Di Gregorio sostiene que la provincia del mapa de la bota está «en un proceso de constante crecimiento y desarrollo, lo cual requiere de un marco normativo adecuado que facilite y promueva la participación del sector privado en la intervención de obras públicas y servicios. En este contexto, la iniciativa privada se presenta como una herramienta fundamental para impulsar proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de la comunidad, generen empleo, accesibilidad y potencien la economía regional».
Cita el «Decreto 966/2005 del Poder Ejecutivo Nacional» que estableció «un marco regulatorio para la presentación, evaluación y ejecución de proyectos de iniciativa privada en el ámbito de las obras públicas», durante la presidencia de Néstor Kirchner. «Dicho decreto ha demostrado ser una herramienta eficaz para fomentar la participación del sector privado», valora la senadora radical.
En el ámbito provincial, «resulta necesario adaptar este marco normativo» se adapte a las particularidades y necesidades específicas de Santa Fe. Se busca permitir la «participación activa de los particulares en la formulación de proyectos de infraestructura, obras y servicios públicos, garantizando transparencia, eficiencia y beneficio social; y tiene como objetivos promover e incentivar la participación del sector privado en la formulación de proyectos; simplificar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la evaluación y aprobación de proyectos de iniciativa privada, en relación a normativa comparada; atraer inversiones privadas para la ejecución de obras públicas que contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia; asegurar procesos transparentes y competitivos que permitan la selección de los mejores proyectos y propuestas; optimizar el uso de recursos públicos».
Indica que «a diferencia del esquema planteado por el Decreto 966/2005, en el cual se crea una comisión evaluadora, este proyecto de ley establece que el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe será la autoridad de aplicación de la norma» y asumirá «las funciones de evaluación, selección y supervisión de los proyectos de iniciativa privada. Esta modificación se fundamenta en la necesidad de aprovechar la estructura existente del Ministerio, optimizando recursos y evitando la creación de nuevas entidades administrativas», indica la senadora.
Esa cartera será «responsable de la recepción, análisis de admisibilidad y evaluación de las propuestas; de la selección de aquellos proyectos que resulten viables y beneficiosos para la provincia, teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos y sociales; de la supervisión y control de la ejecución de los proyectos aprobados, garantizando el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos; y de la promoción de la participación de diversos actores privados, asegurando procesos competitivos y transparentes».
Con información de El Litoral
