El informe final de la comisión Bicameral del Congreso que investigó la tragedia del ARA San Juan y su posterior búsqueda por parte del Estado es lapidario. Sobre todo en cuanto a la participación que los mandos superiores de la Armada tuvieron durante las horas en que el comandante del submarino anunció que se había producido un incendio en el buque, y las decisiones que tomaron durante la emergencia y los días posteriores. Allí, inclusive se trata de «soberbios» a algunos altos mandos de la fuerza.

«Evidentemente existió por parte de las autoridades navales una subestimación de la gravedad del incidente, situación que no permitió que aflorara un sano criterio de la necesidad de coordinar apoyo para el submarino siniestrado», se afirmó en el documento, al que Infobae accedió de manera exclusiva.

El texto también destaca la fuerte «interna» que existía en la Marina. Lo hacen de manera descarnada y volcando nombres y apellidos. «Las posiciones e internas y cuestionamiento de algunas decisiones entre la Jefatura de la Fuerza a cargo del Almirante Marcelo Srur y el Jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Contralmirante Luis López Mazzeo, llegaron a un punto tal que las decisiones que tomara el primero motivaron la presentación de retiros en forma colectiva, algo inédito desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días en la Armada Argentina. Esto refleja una enorme falta de conducción y de subordinación».

Como ya informó Infobae, dentro de la ARA López Mazzeo aspiraba a suceder a Srur cuando este pasase a retiro, pero el hundimiento del submarino con sus 44 tripulantes trastocó aquellos planes futuros.

Con relación a las responsabilidades del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los funcionarios de su cartera, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave, los parlamentarios entienden que «se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública».

Oscar Aguad ante la Comisión Bicameral (Nicolás Stulberg)
Oscar Aguad ante la Comisión Bicameral (Nicolás Stulberg)
«De tal manera, -sigue el documento- el ministro de Defensa ha demostrado una grave irresponsabilidad funcional en las circunstancias que rodean a la tragedia (…) durante la situación de emergencia y crisis provocada por la desaparición del submarino y especialmente en las instancias posteriores al cierre del caso SAR –búsqueda y rescate-. Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada al frente del manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones frente a aquélla, como también en la comunicación y relación con los familiares y la sociedad argentina».

El informe también cuestiona a Mauricio Macri. Lo hace en la foja 74 –son 171- y dice: «Como jefe de Estado, el Presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes».

«Con el Jesús en la boca»

Si bien sobre Aguad también destacan su poca ascendencia entre los familiares y las «dilaciones» para contratar a un buque especializado para hallar al submarino en las heladas profundidades oceánicas, los diputados y senadores recordaron, con acidez, que «el propio ministro afirmó en su primera declaración pública ante esta Comisión textualmente que ‘todos los días las tres armas, que tienen aviones, que tienen barcos, todos los días tienen que salir a ejercitar con elementos que son muy antiguos y todos los días con el Jesús en la boca rogando que no pase algo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y el submarino era el arma más moderna que tenía la Armada Argentina. Tenemos embarcaciones… Lo que pasa es que yo no le puedo dar la información porque es información secreta militar. Ni siquiera puedo calificar lo que tenemos. Pero esta es la realidad que hay que solucionar desgraciadamente’.»

También pusieron el acento en que Aguad «se hallaba en conocimiento de los informes del estado de la flota en general, de la realización de las operaciones en particular. Ergo, no puede descartarse su responsabilidad política en el incidente en cuestión, dado su conocimiento específico».
La falta de inversión en las Fuerzas Armadas y las deficientes condiciones de los navíos que motivó el recorte de fondos también fue uno de los temas volcados en el informe final. «Sin dudas, la falta de presupuesto pone al marino ante la situación de elegir entre cumplir su misión pese a no contar con todas las garantías de los bienes que conduce, o permanecer en tierra. Eso lleva a una pobre evaluación de la ponderación del estado del material, los riesgos que se podrían presentar y la influencia de la vocación de navegar. Los largos períodos sin utilizar las naves por hallarse en reparación, dificultan la instrucción y saltean etapas de formación imprescindibles luego en los puestos de comando».

«Del análisis de este último aspecto –se hizo hincapié-, notamos que la mayoría del personal –naval- no ha contado en promedio y con la continuidad deseada en el nivel de adiestramiento mínimo indispensable para su actividad, a excepción del año 2017. Si bien en este último año la cantidad de días de navegación permitiría establecer el nivel de adiestramiento entre mínimo y aceptable, esto no suple de ninguna manera la falta de experiencia de las tripulaciones producto de muchos años sin alcanzar los niveles mínimos», señalaron los diputados y senadores.

El informe también aclaró que no se puede afirmar que esta falta de mantenimiento fuese la causante de la tragedia. Como tampoco lo fue la reparación de media vida realizada durante el gobierno anterior porque, por ejemplo, al ser hallados los restos del submarino se pudo observar que las soldaduras realizadas al casco «habían resistido».

Sí, en cambio, el ingreso de agua de mar al sector de baterías, lo que produjo un cortocircuito, un arco voltaico y un incendio producto de la concentración de hidrógeno. Serán los peritos, aún no nombrados en la causa judicial a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quienes deberán establecer por qué sucedió esto. En el informe se realizan varias hipótesis, pero lo importante se dirimirá en la causa penal ya que solo la magistrada puede definir penalidades si encuentra responsables.
Hasta ahora Yáñez no imputó a ninguna persona, ya sea civil o militar. Quizás el informe final de la Bicameral acelere algunos tiempos.
«Se ocultó información»

Las contradicciones en las que incurrió el ex jefe de la fuerza ante los parlamentarios, también quedó asentada en el documento: «El almirante Srur, de manifestar que no hubiera permitido la salida del submarino si hubiese conocido su estado, pasó a referir que ARA San Juan se encontraba en condiciones de navegación, pero no ‘solo’ –es decir que debía hacerlo con naves de acompañamiento en superficie-. Esto implica un gran desconocimiento a priori, habida cuenta del lapso entre sus dos manifestaciones».

Los integrantes de la Bicameral asimismo puntualizaron que «dicho almirante también afirmó que se había opuesto a que los submarinos participen en patrullas de pesca, sin embargo podía verificar perfectamente si se cumplía o no con su directiva. Amén de ello, refleja un gran desconocimiento sobre la utilización del Submarino, que ya había participado en operaciones de control de pesca ilegal en años anteriores, tarea prevista en la doctrina en vigencia».

El ministro de Defensa, cuando participó de una reunión de la Comisión Bicameral (Nicolás Stulberg)
El ministro de Defensa, cuando participó de una reunión de la Comisión Bicameral (Nicolás Stulberg)
Allí también se cuestiona de manera muy dura al ex jefe del Estado Mayor de la Armada a quien critican, entre otras cuestiones, porque «privó de manera deliberada a las autoridades civiles de una información de vital importancia para la correcta evaluación de la situación, como era el principio de incendio que había sufrido el submarino en un lugar extremadamente sensible como es el compartimento de baterías del buque».

Y no solo eso. De Srur también se asegura que «en principio no tomó la situación en su verdadera dimensión ni adoptó las medidas congruentes con la misma. Asimismo durante el desarrollo del operativo de búsqueda reservó información trascendente y no condujo adecuadamente la relación con los familiares de los tripulantes. Mantuvo información sensible en su poder, impidiendo con esta actitud sugerencias de acción que ameritaban la adopción de distintos temperamentos y además se negó a comunicar a los familiares lo ocurrido desde el inicio».

Pero sobre las dilaciones y el ocultamiento de información, los diputados y senadores opositores fueron aún más allá al aclarar que «esta conducta reprochable también comprende a la totalidad de las autoridades navales, que conociéndola, no la brindaron al Secretario de Estrategia y Asuntos Militares -Horacio Aldo Chighizola-, cuando concurrió al edificio Libertad en la mañana del 17 de noviembre de 2017″.

Tanto es así que, según documentos en poder de este medio, el funcionario, que estaba a cargo del área porque Aguad estaba en Canadá en reunión de ministros de Defensa, recién fue notificado de la desaparición del buque el día 16 de noviembre por la noche, aproximadamente a las 22.

El submarino había realizado su última comunicación la mañana del 15 de noviembre y había sufrido un primer conato de incendio la noche anterior, por esa razón el 17, a las cinco de la madrugada, Chighizola se apersonó en el Edificio Libertad y solicitó la presencia de todo el Estado Mayor de la Armada. Fue en esa primera reunión de urgencia cuando los altos mandos retuvieron información sensible y obviaron hablar del incendio en el ARA San Juan.

Los diputados y senadores, de manera mayoritaria –los cuatro oficialistas firmaron en disidencia– no ahorraron reproches contra el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide –a quien el ministro Aguad acaba de solicitarle el retiro- y el Comandante de Alistamiento y Adiestramiento López Mazzeo, responsables directo del área de submarinos.

Y más aún, responsabilizan a Villamide porque nunca le ordenó al comandante del ARA San Juan, Pedro Fernández «que regrese en superficie pese al principio de incendio puesto en conocimiento». Sobre ellos, y sobre Srur, inclusive se sostiene que subestimaron «la gravedad del incidente, situación que no permitió que aflorara un sano criterio de la necesidad de coordinar apoyo para el submarino siniestrado».

En esta línea, se amplió: «Ninguno de los estamentos de conducción tuvo en cuenta un antecedente gravísimo, el incendio de baterías por ingreso de agua a través del balcón de barras, sufrido en puerto por el mismo submarino, (año 1995) y que llevó más de veintisiete horas extinguir por sus continuas reanudaciones, dejando a la Ciudad de Mar del Plata prácticamente sin reposición de matafuegos (…). Aquí, entendemos surge la mayor responsabilidad de la Fuerza en la toma de decisiones preventivas, para evitar la catástrofe marítima».

Según consignaron los parlamentarios en el documento final de la comisión Bicameral, «el máximo de esta situación se vio ratificada en la declaración testimonial del entonces Subjefe del Estado Mayor General, Vicealmirante Miguel Ángel Máscolo, quien ante una pregunta expresó que en las decisiones operativas de la Armada no se metía porque no era parte de su responsabilidad, a pesar que en esos momentos se encontraba a cargo de la Fuerza por ausencia del país del titular de esta».

Sucede que, como ya informó este medio, el Almirante Srur, durante una de las mayores crisis que se recuerde en la Armada durante tiempos de paz, estaba recibiendo una condecoración en Uruguay, es decir que, como Aguad, tampoco estaba en el país.

La jueza Marta Yáñez, a cargo del expediente penal de la tragedia
La jueza Marta Yáñez, a cargo del expediente penal de la tragedia
A través de las declaraciones testimoniales que recibieron los diputados y senadores pudieron establecer también algunos manejos que realizó el exjefe de la Armada, que para su entender son muy cuestionables. Por ejemplo, recatan que el 17 de noviembre, es decir a 48 horas de la desaparición del ARA San Juan, «al poner el Capitán Héctor Aníbal Alonso – jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos- en conocimiento de las autoridades del ministerio de Defensa el principio de incendio ocurrido en forma previa a la desaparición, recibió una amonestación verbal del almirante Srur, por brindar la totalidad de la información a civiles».

Esa es una de las razones por la cual mayoritariamente los integrantes de la Bicameral señalaron que «existe responsabilidad palmaria en los momentos iniciales por subestimar la situación por parte del Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Comandante de la Fuerza de Submarinos y del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y que la cadena posteriormente se extiende al Subjefe Vicealmirante de Infantería de Marina Miguel Ángel Máscolo y con mayor responsabilidad aún al jefe de la fuerza, Almirante Srur por su deficiente manejo de la crisis».

El informe final, además, destacó que «han quedado en evidencia internas en el seno de la fuerza, mostrando una poderosa falta de cohesión e intereses personales sobre lo colectivo. Hemos presenciado a superiores que manifestaron desconocer el estado de la nave y otros, la gran mayoría, normalizar la asunción de riesgos de manera natural. Las internas mencionadas, llevaron incluso a desinteligencias en el manejo de la información que podía obtenerse durante el transcurso de los hechos, por canales oficiales o extra oficiales. Notamos que en algún caso se restó importancia a datos de inteligencia que poseían ciertos estamentos y que fueron desechados por la Jefatura de Estado Mayor General de la Armada. Se vio durante el transcurso de la presente investigación en algunos integrantes una gran dosis de soberbia que no tenía correlación con la misma dosis de aptitud frente a la crisis».

La investigación de la Comisión Bicameral estuvo destinada desde sus orígenes a delimitar las «responsabilidades políticas» de la tragedia, pero no las penales, que cursan vía judicial en el juzgado de la jueza Marta Yáñez. Por esa razón, el informe final destacó que la autoridad máxima en esta materia es el ministro de Defensa ya de él dependen las Fuerzas Armadas.

No todos estuvieron de acuerdo con esta postura y las críticas hacia Aguad y hacia el presidente Macri. Así, el senador Esteban Bullrich, los diputados Guillermo Montenegro y Luis Alfonso Petri firmaron en disidencia.

La senadora Olga Inés Brizuela y Doria, en tanto, no estuvo presente el martes pasado, día en que se firmó, pero ya anunció que también estampará su firma junto a sus colegas oficialistas. Sus opiniones en disidencia están fundadas en que, por ejemplo, «el empleo de los medios militares en tiempos de paz, como ha ocurrido con el Submarino ARA San Juan, constituye una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas

Armadas; pues dicho órgano ostenta ‘el control funcional sobre las Fuerzas Armadas, con autoridad para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios para el cumplimiento de las misiones encomendadas en el marco del planeamiento estratégico militar’, a cuyo fin cuenta con la debida asistencia del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas». Es decir, desligan del trágico incidente al ministro Aguad y ponen el acento solo en los mandos superiores de la Armada.

Sobre Mauricio Macri, sostienen que «si bien no lo hace directamente, el Presidente de la Nación participa en las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas. Dicha función, en lo que aquí interesa, opera mediante la elaboración del proyecto de Presupuesto que anualmente debe someter a consideración de este Honorable Congreso de la Nación para su aprobación. No obstante su ejecución queda en cabeza del Estado Mayor General de la Armada», es decir, en este caso del almirante Srur.

Entre otros argumentos, los parlamentarios del oficialismo entienden que «el Submarino ARA San Juan se encontraba patrullando el litoral marítimo en su curso de derrota desde el puerto de Ushuaia hacia el de Mar del Plata. Dicha actividad, por definición, constituye una operación militar y su dirección, control y supervisión se hallaba en cabeza del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas –a cargo del Teniente General Bari del Valle SOSA-«.

El informe final de la Comisión Bicameral abre con los nombres, apellidos y grado militar de cada uno de los tripulantes del submarino siniestrado y encontrado el 17 de noviembre de 2018 a más de 900 metros de profundidad.
Fue un homenaje a los militares muertos en tiempos de paz mientras patrullaban el mar argentino y para proteger los intereses marítimos de nuestro país.

El epílogo del documento también lo es y dice así: «Una de las mayores tragedias de la historia naval de la Argentina ha enlutado a la nación, llevándose a 44 abnegados héroes que cumplían con su deber. Es obligación del Estado no sólo rendirles homenaje, sino además contener adecuadamente a sus familias por la irremediable pérdida. Chester Nimitz (muy posiblemente junto al general George Patton, uno de los militares que más contribuyeron al triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial) pronunciaba una frase muy aplicable a estos momentos, al referirse a las pérdidas durante su comando Naval: ‘Lucharon juntos como compañeros de armas, murieron juntos y ahora duermen uno al lado del otro. Tenemos una solemne obligación, la de asegurarse de que su sacrificio ayudará a hacer de este mundo un mejor y más seguro en el que vivir’. Nuestra obligación moral es recordar con devoción a quienes continúan patrullando espiritualmente los confines de nuestra patria y arbitrar las medidas necesarias para que semejante tragedia no se repita».

INFOBAE