En el seno del Poder Ejecutivo se trabaja en la definición de un veto parcial, con textos alternativos, al futuro Código Procesal Penal Juvenil, norma sancionada por la anterior Legislatura en su última día tras un trabajoso acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.
La sanción del nuevo Código fue enviada al Poder Ejecutivo el 30 de noviembre y en caso de pretender el veto parcial, el Ejecutivo deberá hacerlo antes del 30 de diciembre, caso contrario quedará sancionado fictamente. El instrumento debería entrar en vigencia a los 180 días de su promulgación con la posibilidad de una prórroga de 90 días «fundamentada por el Poder Ejecutivo».
El gobernador Maximiliano Pullaro escuchó objeciones al texto en su rol de diputado provincial y con su voto contribuyó a la aprobación del texto trabajado en forma conjunta por una comisión bicameral integrada por senadores y diputados donde tuvieron un rol clave Lisandro Enrico y Raúl Gramajo por la Cámara Alta y Lionella Cattalini por la Baja. Pullaro habría señalado a objetores -incluso actores de su hoy gabinete- que era mejor la sanción de la norma y después hacer las correcciones necesarias.
Santa Fe tiene un atraso en la materia procesal penal de menores de allí la decisión de sancionar la norma que se trabajó en base a un mensaje del anterior Poder Ejecutivo donde colaboraron funcionarios, actores del Poder Judicial y por supuesto la decisión final en manos de legisladores.
La actual titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, es una de las que plantea varias observaciones al nuevo digesto. «Objetamos que se hagan procedimientos para adolescentes que no alcanzaron la ley mínima de responsabilidad penal» hablando de menores de 16 años. «Está muy discutido si corresponde el procedimiento abreviado. La crítica mayor es que no se estaría respetando el principio de especificidad y especialización porque tanto desde el MPA como de la Defensa se dice que se tenderá a hacerlo en la medida que los recursos permitan esa distribución y los tratados internacionales recomiendan que haya especificidad. Es decir que haya fiscales, defensores y jueces de Menores». La otra observación es el traspaso de los asesores de menores al MPA. Se considera que esos funcionarios tienen especificidad y especialización.
Para Moreno otra observación es que se permitan juicios conjuntos de adultos y menores. «No debería exponerse a un menor estar con un mayor» . También objeta que tenga el mismo plazo de prisión preventiva que un mayor.
Además formuló observaciones Patricia Chialvo quien fue secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hasta el pasado 10 de diciembre. «La Ley es necesaria y fue largamente discutida desde hace casi ocho años pero el modelo aprobado viola los estándares de la Convención Internacional de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional),contraría la ley Nacional de Niñez (nro 26061) y la ley Provincial de Niñez (12967). Su texto es una regresión en Derechos Humanos; solo propone la mera persecución punitiva sin contemplar los problemas estructurales y el contexto social de los adolescentes en conflicto con la ley y tampoco considera la justicia restaurativa», señaló a las horas de ser sancionada y cuando todavía era funcionaria de Omar Perotti.
La dirigente justicialista la consideró discriminatoria, advierte que quita la especificidad de quienes intervienen en las situaciones y subraya como gravísimo que «penaliza a los menores de 16 años, cuestión que solo puede ser modificada por el Congreso Nacional».
Sobre este punto, marcó que en 2020 no hubo menores de 16 años involucrados en delitos graves; en 2021 uno dentro de un ámbito familiar causado por problemas de salud mental; en 2022 cuatro situaciones, dos por salud mental y dos en el marco de la narcocriminalidad, todos resueltos con familia ampliada. En 2023, no hubo ningún caso.
«La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen» escribió en redes el senador Enrico (UCR – General López) cuando se sancionó la ley.
El Senado votó por unanimidad el tema y en Diputados hubo votos en contra del Código. La pelota ahora la tiene la administración Pullaro y el reloj corre.
Electoral
Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral en el 2024 por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, fueron sorteados los camaristas que lo acompañarán en el Tribunal recayendo las designaciones en los camaristas Oscar Puccinelli (Civil y Comercial de Rosario) y Martha Feijoo (Penal de Santa Fe). Como suplentes quedaron Bibiana Alonso (Penal de Rosario) y Javier Mirande (Circuito de Santa Fe). Actuará como procurador fiscal, el procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre.
Inecip
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) hizo llegar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Cococcioni, «la preocupación» por algunos de los proyectos de reforma judicial enviados por la actual gestión provincial a Legislatura.
Las observaciones apuntan fundamentalmente a tres iniciativas: modificación al Código Procesal Penal; juicios por jurados para causas criminales y la reforma al Ministerio Público de la Acusación.
«La iniciativa política de avanzar rápidamente con cambios que el sistema de justicia penal de Santa Fe sin dudas necesita, en forma urgente, es bienvenida. En particular, la incorporación de la participación ciudadana en la administración de justicia provincial, en un contexto de profunda crisis y desconfianza del Poder Judicial, merece ser destacada», dice la entidad en la nota firmada por Aldana Romano, su directora ejecutiva.
«Pero reformas de tan alta sensibilidad institucional deben hacerse con responsabilidad, sin afectar aspectos medulares del sistema judicial. No se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que conlleven altos costos institucionales y que, para peor de males, no provoquen los resultados esperados. Es necesario un debate serio y abierto, que esté a la altura de la gravedad de los desafíos que la justicia santafesina debe afrontar», concluye.
Con información de El Litoral
