En el marco de la audiencia pública realizada para aumentar las tarifas de energía eléctrica, la exsecretaria de Estado de la Energía Verónica Geese advirtió que “el 33,8% de reajuste anunciado públicamente días atrás por la propia Empresa Provincial de la Energía (EPE) va a alcanzar, en realidad, al 50%” y reclamó al gobierno provincial que “revierta el proceso de degradación institucional y empresario en que se encuentra la compañía estatal”.
En tanto, el exministro de Economía Gonzalo Saglione, quien participó en reemplazo de la diputada provincial Clara García, apuntó que en el período 2016-19 “el incremento de la tarifa de la EPE siempre fue mucho menor al incremento del precio de la energía que la empresa compraba en el Mercado Eléctrico Mayorista. En esta propuesta que EPE presenta ahora –señaló-, el aumento se da a pesar del congelamiento tarifario en la energía que EPE compra, es decir, se da lo contrario de lo que sucedió en la gestión anterior. Antes, la provincia absorbía parte de los costos; ahora, en cambio, aún sin comprar la energía más cara, la provincia la vende más cara para cubrir el aumento de los costos del VAD (Valor Agregado de Distribución, el componente de las tarifas que refleja el funcionamiento de la EPE, incluyendo desde la compra de bienes hasta lo que hace a su mantenimiento).
De acuerdo a la información de la EPE, el aumento promedio para pequeñas demandas será del 42,8%, pero superará el 50% en determinados consumos residenciales y comerciales. “Hace dos años se acusó a la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social de ajustadores cuando propusimos un aumento del 20% sobre la tarifa”, recordó Geese, al tiempo que rescató el régimen de audiencias públicas establecido por decreto en 2016 que prevé, entre otras cosas, la participación de usuarios y consumidores ante eventuales modificaciones tarifarias del servicio y que la EPE ponga a disposición la información correspondiente en esos casos.
Geese sostuvo que “en un año, la EPE pasó de estar en el cuadro de honor de la mayorista Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por cumplir con sus obligaciones en lo que respecta a la compra de energía, a ser por lejos la distribuidora con más deuda del país”.
“De ninguna manera estamos comparando a la EPE con Edenor y Edesur”, aclaró Geese en cuanto a que dichas empresas abastecen a la CABA, el distrito más rico y menos extenso del país. “Pero la deuda de la empresa asciende hoy a más de 14.000 millones de pesos y uno se pregunta con qué sentido, qué destino se le dio a esos fondos por los que ahora tendremos que pagar intereses. No lo sabemos porque la EPE no responde a los pedidos de informe del Poder Legislativo, que es el órgano democrático habilitado para controlarla. Sería bueno tener esa información para poder despejar dudas y entender cómo nos beneficiamos los santafesinos con esta situación”, reclamó la ex funcionaria.
Al respecto, Saglione indicó que la deuda tomada con Cammesa y la refinanciación que hoy se está negociando implica que “en 2026, Santa Fe va a seguir pagando la energía consumida en 2020. Una renegociación que implica perder el beneficio que obtienen las empresas que están al día que consiste en 5 meses de facturación como crédito a favor que Santa Fe ya no va a tener”, explicó.
FALTA DE INVERSIÓN Y GESTIÓN
Geese apuntó que la distribuidora provincial “perdió el impulso de la transformación y la mejora continua” y advirtió que “una EPE zombie se transforma rápidamente en un peso muerto y va llevar años de inversión y esfuerzo de todos los santafesinos para recuperar. Recibieron una empresa sana y estable”, aseguró la ex funcionaria y agregó: “Balance mata relato y la calidad del servicio desnuda rápidamente la falta de ideas y de gestión”.
También Saglione habló sobre los números de la empresa. “Se plantea un aumento del 33,8% promedio de la tarifa y una proyección del 18,6% de incremento en los ingresos de la EPE. Hay un desfasaje importante entre ambos porcentajes que merece una explicación. ¿Por qué razón EPE proyecta un aumento del 18% en sus ingresos, si está pidiendo un aumento del 33,8% en la tarifa y de incremento promedio para la mayoría de los clientes resienciales y comerciales?
“Se aduce –continuó Saglione-, que el aumento se justifica para cubrir un déficit de 9.200 millones de pesos sobre la base de ejecutar todas las obras previstas para este ejercicio”.
Al respecto, el ex ministro precisó que “entre 2016 y 2019, la inversión en bienes de uso de la EPE se ubicó en el 83% de lo presupuestado para cada año. En 2020, en cambio, solo se gastó un peso de cada dos presupuestados, o sea, el 50% de lo previsto. Sería bueno que las autoridades de la empresa confirmen si van a poder ejecutar plenamente los montos presupuestados, generando esos 9.200 millones de déficit que buscan cubrir con este aumento tarifario”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
“La EPE pasó de ser la distribuidora más innovadora y vanguardista del país a ser hoy una caja oscura y noventosa que intenta ocultar la falta de plan, de estrategia de negocios y para encarar la cuestión social”, cuestionó Geese en otro pasaje de su alocución.
En ese sentido, sostuvo que la empresa “pasó de estar jerarquizada como un centro de políticas públicas a ser una caja más, una herramienta financiera del Tesoro; de buscar cada vez más trasparencia de cara a la sociedad a contratar auditores amigos y dejar de publicar los sueldos de los directores, regresando a viejas prácticas que creíamos entre todos haber dejado atrás”.
Mientras se desarrollaba la audiencia, trascendió un proyecto del ejecutivo para transformar a la empresa en una sociedad anónima. Al rato, se aclaró que la iniciativa apunta a convertirla en una sociedad del Estado.
