El legislador de Unidos y autor de la iniciativa José Corral, estuvo acompañado durante la presentación de la misma por el Senador por San Justo, Rodrigo Borla, que tendrá a su cargo impulsar el proyecto una vez que pase a la Cámara alta. Además estuvieron presentes las Diputadas Silvana Di Stefano y Sofía Galnares, el Diputado Marcelo González; y Juan Martín, Diputado nacional mandato cumplido que junto al Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentaron el proyecto que hoy se está discutiendo en el Senado de la Nación.
«Los altos índices de hechos delictivos y el dolor de las víctimas de la inseguridad de todos los días nos obliga a innovar y a tener políticas de Estado a la altura de las circunstancias, ayudando muchas veces a cerrar heridas y proporcionando un sentido de reparación», señaló el Legislador de Unidos para Cambiar Santa Fe, José Corral, y agregó que este proyecto de creación de un registro de «ADN del delito» es acompañado por el resto del Bloque radical y que se gestó en equipo con el poder Ejecutivo, inspirado en otras buenas experiencias como la de la provincia de Mendoza. “Como lo venimos haciendo desde el día uno que asumimos, queremos darle otra herramienta más al gobernador Maximiliano Pullaro y a la justicia en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado” manifestó el Diputado.
La digitalización de huellas genéticas no solo agiliza los procesos de identificación, sino que también proporciona una base de datos actualizada y confiable para el seguimiento de personas involucradas en actividades delictivas. Por ejemplo, el Registro de Mendoza lleva esclarecidos más de 500 delitos desde su implementación, y hoy su laboratorio cuenta con más de 65.000 perfiles genéticos cargados, entre imputados, condenados, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Poder Judicial. Se trata de la base de datos más amplia de Latinoamérica respecto a la población, superando a Chile y Brasil. De esa totalidad, el 43% de los casos pertenecen a abusos sexuales, el 20% a robos y el 8 % a robos simple, entre otros hechos relevantes.
Corral también hizo hincapié en que la potencialidad de esta herramienta plantea nuevos desafíos en cuanto a la protección de datos personales y privacidad. «Es fundamental que para una eventual implementación se establezcan protocolos claros y se garanticen las medidas adecuadas para proteger los derechos individuales de los ciudadanos», concluyó.
Por su parte, Borla subrayó que “el registro incluirá tanto a la persona imputada, como a la procesada, a la condenada, a los miembros de las fuerzas de seguridad provincial, de todas las agencias de seguridad privada, y hasta personas que estén buscando familiares y quieran hacerlo de manera voluntaria.”
Con información de Diario El Litoral
